El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, PRO CONSUMIDOR, es el organismo estatal creado mediante la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (358-05), con el objetivo de establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la protección efectiva de los derechos de los consumidores en la República Dominicana.
La Constitución Dominicana del 26 de enero de 2010, en su artículo 53, da carácter de derecho fundamental a las disposiciones de protección al consumidor. Estas son “de orden público, imperativas y de interés social”. La Carta Magna, expresamente señala que “Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use y consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley…”. Esta disposición constitucional ratifica el establecimiento de un régimen de protección, garantía, seguridad y defensa de los consumidores en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios.
Antecedentes
En el año 1963, durante el Gobierno constitucional presidido por el profesor Juan Bosch, fue promulgada la Ley No. 13 de Protección a la Economía Popular. Con esta disposición la República Dominicana asume la defensa de la población consumidora bajo unos criterios vinculados a la realidad de la época, cuyos referentes eran los precios, la disponibilidad y la idoneidad de los productos. Este hecho acontece un año después de que el Presidente de Estados Unidos, J. F. Kennedy, en un histórico discurso, proclamara: “consumidores somos todos”, reconociendo cuatro derechos básicos a los consumidores.
El 9 de abril del 1985 fueron establecidas las Directrices para la Protección del Consumidor, aprobadas por aclamación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, mediante la Resolución No. 39/248, y ampliadas en el 1999, en las que se especifica el rol que deben jugar los gobiernos para proteger y salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores.
Diez años después, el 20 de enero de 1995, mediante la Resolución No. 2-95 del Congreso Nacional, promulgada por el Poder Ejecutivo, la República Dominicana ratifica el acuerdo de Marrakech en el que se establece la Organización Mundial del Comercio, OMC. Este acuerdo entre otros objetivos plantea, que las relaciones entre países en la esfera de la actividad económico – comercial deben propiciar el mejoramiento de los niveles de vida de los consumidores, lo que implica que el consumidor disponga de ingresos adecuados que les permita una demanda efectiva, niveles de producción y oferta de bienes y servicios que favorezca el acceso, y la realización de la actividad comercial dentro de un marco de justicia y respeto a los derechos de los consumidores.
Dentro del contexto planteado es que surge la Ley de General de Protección de los Derechos del Consumidor, No. 358-085, resultado de diez años de esfuerzos, de consultas y de la participación de las organizaciones de consumidores. Tiene su génesis en el anteproyecto introducido al congreso por el Poder Ejecutivo en el año 1995, denominado Código de Ordenamiento del Mercado, del cual formaba parte el libro V, relativo a la Protección de los Derechos del Consumidor. De dicho código se extrajo el texto relativo a la defensa y protección de los consumidores, y presentado como anteproyecto de ley.
El 9 de septiembre del año 2005, fue promulgada la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario No. 358-05 y su reglamento de aplicación, aprobado por el Poder Ejecutivo el 30 de mayo del 2008 mediante decreto No. 236-2008.
