Pro Consumidor asume compromiso por el modelo de integridad y transparencia gubernamental
SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) asumió el compromiso institucional con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) de continuar los trabajos para la implementación de un modelo de integridad dentro de la institución en cumplimiento del artículo 146 de la Constitución que prescribe y condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado y decreto.
El doctor Eddy Alcántara Castillo firmó, en presencia de los encargados de los diferentes departamentos y otros servidores de la entidad, miembros de la comisión de integridad, la Declaración Institucional de Compromiso de Máxima Autoridad y Equipo de Alta Gerencia en los Entes y Órganos Reguladores y Empresas con Capital Público para la Implementación del Modelo de Integridad de la República Dominicana.
La declaración de compromiso crear las estrategias institucionales “para sancionar a toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de la institución, obtenga para sí o para terceros provechos económicos, proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.
De igual forma respalda a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en el cumplimiento del decreto número 791-21, “que le ordena gestionar la creación de un Sistema Nacional de Integridad, enmarcado en una política de Estado, “que a través del Plan Nacional contra la Corrupción, establezca lineamientos y estrategias institucionales para la prevención, mitigación y gestión de riesgo, antisoborno, anticorrupción, administración de buzones de denuncia, entre otras herramientas que permitan la prevención de la corrupción”.
Entre otros compromisos, la entidad defensora de los derechos de los consumidores asume gestionar todos los recursos necesarios y liderar el proceso institucional de implementar el Modelo de Integridad conforme a las disposiciones establecidas por la DIGEIG y las normativas ISO 31000 – 37000 – 37301, así como cualquier otro que se ajuste a la materia de un sistema integridad de gestión de riesgo de corrupción
En el documento se establece el compromiso a no procesar para fines de pago “ninguna nómina o expediente de un servidor que se constituya en sujeto obligado de la Ley para la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos”.
También se comprometen a realizar la conformación y asegurar el financiamiento para la capacitación y los trabajos “de nuestra Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), el Oficial de Integridad (OI) o cualquier otro instrumento determinado por la DIGEIG para la ejecución y consolidación del Sistema de Integridad en la República Dominicana”.
Igualmente se establece, que se realiza este acuerdo en consonancia con los compromisos internacionales en el marco de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), “en materia de prevención de prácticas corruptas, antisoborno nacional y transnacional, debidamente ratificados y asumidos por el Estado Dominicano”.
Se explica, además, que en el mismo se establece la necesidad de generar estrategias, planes y políticas para el establecimiento de sistemas, herramientas y mecanismos de prevención, gestión y mitigación de los riesgos asociados al soborno, conflictos de interés, entre otras manifestaciones de corrupción en la administración.
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